Jorge Galán recibe amenazas de muerte

Este día fui sorprendido por la noticia de que el escritor salvadoreño Jorge Galán ha sido amenazado a muerte, presuntamente por el contenido de su novela Noviembre, que trata sobre la masacre de los Jesuitas de la UCA en 1989. No había detalles en esa primera noticia, pero un periódico publicó esta tarde que el 1 de noviembre Galán fue amenazado por dos hombres a punta de pistola, un hecho muy grave y alarmante. Lo que no está claro es cómo se configura eso en una amenaza provocada por la publicación de la novela o por su contenido. Sigue leyendo

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“Venezuela está en llamas”

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Carta abierta de la venezolana Gabriela Montero, una pianista de música clásica de fama mundial a Gustavo Dudamel, el músico que dirigía un concierto mientras la guardia nacional de Venezuela disparaba en contra de una manifestación pacífica de estudiantes, y a José Antonio Abreu, que fundó el proyecto de las orquestas sinfónicas juveniles en Venezuela. La transmisión de ese concierto en televisión suplantó las imágenes de la represión que ocurría en las calles, en un inaudito contraste que puso en evidencia el control gubernamental de los medios de comunicación.

Gabriela Montero *

Creo que ha llegado el momento para mí como artista, venezolana, mujer y madre, de escribir una carta a José Antonio Abreu y a Gustavo Dudamel. Yo no había hecho esto antes por el afecto y el respeto que le tengo a Gustavo. Pero no puedo permanecer callada por más tiempo.

Ayer, mientras decenas de miles de manifestantes pacíficos marcharon por toda Venezuela para expresar su frustración, el dolor y la desesperación en la ruptura total cívica, moral, física, económica y humana que hunde a Venezuela, y mientras las milicias armadas del gobierno, la Guardia Nacional y la policía atacaban, asesinaban, herían, encarcelaban y desaparecían a muchas víctimas inocentes, Gustavo Dudamel y Christian Vázquez dirigían una orquesta en un concierto para celebrar el Día de la Juventud y los 39 años del nacimiento de “El Sistema”. Tocaron un concierto mientras su pueblo estaba siendo masacrado.

A menudo uso la analogía del Titanic. El cuarteto de músicos se hundió con el trasatlántico mientras seguían tocando su música. La música no ayudó. La música no salvó a nadie de esa tragedia. Venezuela se hunde y “El Sistema” se hundirá con ella. Nos hemos movido más allá del punto de no retorno. La ambición y la fama por medio de la música no valen nada al lado de los sufrimientos humanos. No significan nada bajo un sistema de represión, maltrato y muerte.

No más excusas. No más ese “Artistas que están por encima y más allá de todo”.

No más “Lo hacemos por los niños”. Las 200 mil personas que han sido asesinadas en los últimos 15 años debido a la creciente violencia y a las ignominiosas acciones y lenguaje del gobierno son más importantes que cualquier instrumento, cualquier ideología, cualquier profesión, cualquier suma de dinero y cualquier satisfacción o ganancia personal. Esos mismos niños están creciendo en un país que ya no es un refugio seguro para ellos, y es la responsabilidad de los líderes de iluminar con la verdad de lo que en realidad ocurre en mi país.

Me encantan los músicos de “El Sistema”. Muchos de ellos son mis amigos y eso no tiene nada que ver con quitarle nada a ellos, pero los líderes tienen el deber moral de hablar y de arriesgar lo que sea necesario con el fin de hacerle frente a esta dictadura que ahora nos oprime.

Venezuela está en llamas y continuará ardiendo hasta que los cubanos, el gobierno y sus beneficiarios cedan el poder. Yo les pediría que leyeran las noticias, pero no hay nada en las noticias. El poder del gobierno es tal que el mundo permanece mudo, ciego y sordo a lo que nos está pasando a nosotros.

* Gabriela Montero es una pianista venezolana de fama mundial. Traducción del inglés de Jorge Ávalos (original en inglés disponible en este sitio: http://www.artsjournal.com/slippeddisc/2014/02/an-open-letter-to-gustavo-dudamel-on-the-venezeuala-situation.html).

Datos sobre la violencia contra la mujer en El Salvador

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Jorge Ávalos

Desde 1981, militantes feministas observan el 25 de noviembre de cada año como el “Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”. Esa fue la fecha en 1960 cuando fueron muertas a golpes las tres hermanas Mirabal, activistas políticas en la República Dominicana que se oponían a la dictadura del gobernante Rafael Trujillo, quien ordenó el asesinato. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el voto de El Salvador entre tantos otros, declaró esa fecha el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Cinco años antes, en 1994, la Asamblea Legislativa de El Salvador reemplazó el Código Civil vigente desde 1860 con uno de los códigos de jurisprudencia familiar más progresistas de América Latina. Como resultado, se eliminó una ley de divorcio considerada tan discriminatoria contra la mujer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la denunció en un histórico reporte de 1978. Con el antiguo código civil, para que el hombre anulara su matrimonio bastaba invocar el adulterio de su mujer. Un hombre no necesitaba presentar pruebas, sólo era necesaria su palabra de honor. Para que se admitiera esta causal de divorcio contra el hombre, la mujer debía probar que el adulterio iba acompañado de un “escándalo público”.

En otro ejemplo, aún más dramático, antes de 1994, se registraban 300 casos anuales de violencia doméstica. Sólo un año después del nuevo código se registraron 14,000 casos. Según la Fiscalía General de la República el 80% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres adultas, 5% son niñas, 8% son niños y el 7% son hombres adultos, muchos de estos de la tercera edad.

Entrado el siglo XXI, si una niña era descubierta por la policía en un prostíbulo, ella podía ser detenida como una criminal. Una nueva ley implementada a partir de 2004 castiga ahora a los proxenetas y a los hombres que compran servicios sexuales o actos eróticos de una persona menor de edad. En El Salvador cerca de 4,000 mujeres son violadas o agredidas sexualmente cada año. El 17% de las víctimas son menores de edad. La Fiscalía también reporta que la tasa anual de violaciones sexuales es de 5.41 por cada 10,000 habitantes, pero la tasa de denuncias es de sólo 1.24.

Todas estas nuevas leyes que tratan con equidad a la mujer nos parecen justas e, incluso, obvias hoy en día, pero ninguna tiene más de doce años de existencia. El costo social y económico de la desigualdad de género es demasiado alto porque previene el desarrollo humano de una nación y, por lo tanto, nos afecta a todos.

En 1999 trabajé como consultor para un proyecto de desarrollo económico local en el norte de Morazán, un bastión de la izquierda durante la guerra, y descubrí que la mayoría de los programas de microcrédito similares a los que creó el Premio Nóbel de la Paz de este año, Muhammad Yunus, fracasaron porque por tradición cultural las mujeres de la zona no podían tener propiedades; todo, absolutamente todo se registra a nombre del hombre en la familia.

Aún hay mucho por hacer.

* La fotografía la tomé en julio del 2002, en el Complejo Educativo Guillermo Borja Nathan, localizado en Apopa, San Salvador, donde se impulsa un “modelo de educación no sexista”. Al centro de la escuela se habían reunido más de 700 niños y niñas para ver a Eunice Payés presentar un espectáculo de danza contemporánea. Las preguntas y comentarios hechos por los estudiantes después del evento fueron increíbles. Guardo una memoria muy grata del evento.

Obama bin Nobel

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Jorge Ávalos

Mucha gente está, como decimos en El Salvador, “clavada” en la idea de que si el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ganó el premio Nobel de la Paz, no debería hacer la guerra. ¡Qué ironía!, se dicen muchos. Pero no hay ironía alguna. Obama es el comandante de las fuerzas militares de los Estados Unidos de América, y esto significa que él representa el poder de 50 estados (o países o repúblicas) federados.

Si hay alguien en el mundo que tiene el poder para tomar acción militar contra una nación es el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué razones podrían ser aceptables para permitirle una intervención militar?

En teoría hay tres razones: 1) genocidio (los holocaustos en Alemania o en Rwanda); 2) el ataque injustificado a otras naciones (la Alemania Nazi e Irak, así es, Irak, porque invadió Kuwait pero no porque supuestamente tenía armas químicas, pues nunca se encontraron); 3) por desarrollar armas de destrucción masiva (Irán y Korea del Norte, que no han sido invadidas porque sería demasiado peligroso hacer eso). Estas razones no las inventé yo, lo hizo la OTAN y también las enumera Christopher Hitchens, válgame Dios.

Si los Estados Unidos tiene el derecho a ser el policía del mundo es otro tema (yo creo que NO, pero allá ustedes). Y si los Estados Unidos tiene o no la legitimidad moral y política para tomar acciones militares “justificadas” contra otros países es también otro tema (piensen en Granada, en Panamá y en los gobierno títeres de América Latina y de Asia, donde la intervención económica/política sólo agravó los problemas sociales).

Pero decir que Obama no puede intervenir en Siria porque sería irónico, dado que ganó el premio Nobel, es como decir que Hitler estaría justificado en realizar el holocausto sólo porque se ganó un cero en conducta cuando estaba en la escuela. No hay correlación real, sólo parece haber una.

El premio Nobel de la Paz fue creado por el hombre que inventó la dinamita. Alfred Nobel desarrolló su poderoso explosivo como una herramienta del progreso que facilitó la construcción de infraestructura -ciudades, carreteras, túneles, centros residenciales- en lugares antes inaccesibles. Pero la dinamita también fue usada, a pesar de sus intenciones, para la guerra. E incluso para el arte, pues la gigantesca obra de Mount Rushmore fue esculpida, primero, con dinamita (¡qué clase de musa habrá inspirado al escultor Gutzon Borglum!).

El premio Nobel no es un arma contra la guerra, no es una prohibición de la “dinamita”, ni una ley de uso global; es sólo un aliciente para la promoción y la conservación de la paz. Más que nada es un símbolo de valor mundial que honra esfuerzos o logros que contribuyen a la paz. Lo han ganado, entre muchos otros, la Cruz Roja y una indígena guatemalteca conocida por su testimonio, el creador de una semilla transgénica que salvó a millones del hambre, y el primer presidente negro de los Estados Unidos, un país que inmoralmente se sirvió de la esclavitud para establecer su poderío económico.

Muchos de los ganadores del premio Nobel de la Paz han sido guerreros, revolucionarios u hombres de Estado que han tenido que tomar decisiones a favor de algún tipo de acción militar.

Según la historia del premio Nobel de la Paz, tanto Alfredo Cristiani como Shafick Handal lo habrían merecido por haber negociado con éxito la paz en El Salvador, de la misma manera en que lo merecieron Yasir Arafat, Isaac Rabin y Shimon Peres por el conflicto entre Palestina e Israel; o Frederik Willem de Klerk y Nelson Mandela por la negociación para finalizar el Apartheid en Sudáfrica.

Si consideramos el tema a fondo, hay razones para buscar un equilibrio militar contra las amenazas que se han creado en esa zona del mundo, y no creo que mi idea de bombardearlos con pétalos de flores sirva para nada.

Una crítica a la decisión de Obama debe comenzar por el análisis de una paradoja más peligrosa que cualquier ironía: el poder del presidente de los Estados Unidos depende de la impresión que el mundo tiene de su poder, pues mientras más rápidas y decisivas sean sus acciones, más poderoso parecerá ser y, por lo tanto, más respeto tendrá el mundo ante esta figura a la que no habría que provocar porque si se enoja: ¡BUM! Es decir, Obama cree que debe atacar a Siria para garantizar su posición como guardián de la paz en el mundo.

Así que no critiquen al presidente de los Estados Unidos solamente porque cree que debe tomar acción militar contra Siria cuando también ostenta un premio Nobel de la Paz.

Critiquen a Barack Obama porque su único plan es un acto esporádico: enviar bombarderos a Siria y castigar a esa nación sólo para dejarla reducida a escombros sin tener ningún otro plan, porque una intervención real y concertada con las acciones diplomáticas de otras naciones sería demasiado lenta y, por lo tanto, demasiado costosa para su prestigio político.

Critiquen a Obama por su argumento de sexto grado de primaria de que hay que mostrarse “fuerte” ante un bully.

Critiquen a Obama porque de entre todas las estrategias posibles él eligió un método mezquino, el mismo que usó contra la amenaza de las pandillas el expresidente Antonio Saca de El Salvador, entonces el país más violento del mundo: la “mano súper súper dura…”

Nosotros, los salvadoreños, sabemos muy bien que esa “mano” sólo sirvió para acariciarle las orejas al tigre.

La fotografía la tomé, maliciosa y deliberadamente, de aquí:
Weasel Zippers.

Cómo reducir los homicidios por arte de magia

20130812 Alecus y cifras de homicidios

Jorge Ávalos

Nada es tan incómodo para un gobierno en El Salvador como las implacables cifras diarias de homicidios, porque ningún otro dato estadístico prueba la falta de control y el fracaso o el éxito de las políticas públicas de seguridad como esos números. Nada genera más publicidad negativa contra el Gobierno como las estadísticas de violencia y nada ahuyenta más la inversión extranjera o limita el crecimiento del comercio nacional cómo las manifestaciones de control por parte del crimen organizado evidenciadas por esas cifras.

El siguiente artículo es un análisis del último intento para silenciar al Instituto de Medicina Legal —la institución forense nacional que publica las cifras oficiales de homicidios—, esta vez por medio de una reforma de ley que le quitaría la potestad de publicar las cifras y estadísticas de las muertes violentas en El Salvador. Esta es la ley que de una vez por todas le permitiría a la presidencia de la República manipular la percepción de la violencia por medio del control de esas cifras. El sueño de un propagandista: hacer invisibles los problemas por medio de una ley.

La denuncia

El 25 de julio el director del Instituto de Medicina Legal, José Fortín Magaña, denunció que hay un proyecto de reforma a la Ley Orgánica Judicial que afectaría el acceso de la ciudadanía a los datos sobre la violencia en el país. Según el borrador de la ley al que yo he tenido acceso, los cambios propuestos no sólo le impondrían una mordaza a la entidad forense, también la subordinarían al Órgano Ejecutivo.

Según Fortín Magaña, la ley atenta de forma directa contra la obligación de la entidad de publicar datos, estadísticas y demás información relevante sobre homicidios, desapariciones y autopsias en casos de interés público.

Un análisis comparativo entre el texto actual de la ley y del último borrador del proyecto de reforma a la Ley Orgánica Judicial corrobora la preocupación expresada por el director de Medicina Legal, pero revela además que se proponen otros cambios significativos que afectarían la autonomía de la institución y los beneficios laborales de sus empleados.

El artículo 98 de la ley actual establece que la principal finalidad del instituto es prestar “servicios periciales, de forma independiente”. Esta redacción de la ley implica que es Medicina Legal quien realiza sus servicios forenses “de forma independiente”.

En el proyecto de reforma a la ley, debido a un sutil cambio en la redacción, esta atribución es trasladada a las instituciones del Órgano Ejecutivo, las cuales, recalca, les solicitarían servicios “que se le requieran de forma independiente”. Por lo tanto, la independencia es atribuida a los servicios requeridos por las instituciones externas.

La autonomía de Medicina Legal, demostrada cada vez que publica estadísticas que entran en contradicción con las cifras de homicidios o desapariciones publicadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se deriva del hecho de que está adscrito al Órgano Judicial.

Desde el Órgano Ejecutivo, ni el ministro de Justicia ni el director de la Policía y ni siquiera el presidente de la República pueden imponerse sobre la entidad forense sin violentar la independencia de poderes.

La reforma a la Ley Orgánica Judicial que se está proponiendo desde el seno de la Corte Suprema de Justicia cambiaría esto si se aprobara tal y como está redactada.

Por un lado, de entre las funciones de Medicina Legal, el proyecto de ley suprime el inciso b del artículo 99, el cual le da la potestad y, de hecho, la obliga a “publicar datos y estadísticas sobre las materias del Instituto”.

Además de eliminar esta función de Medicina Legal, el proyecto de ley restringe la difusión de datos y estadísticas que la entidad forense recopila, organiza y conserva, disponiendo que su función se limita a “remitirlos a la dependencia correspondiente para su publicación”.

¿Cuáles son esas dependencias que sí podrían publicar los datos y estadísticas que genera el trabajo del IML?

El proyecto de ley traspone el orden del artículo 102-E de su lugar en la ley actual y lo ubica inmediatamente después de la sección sobre las funciones del IML, identificando así, sin dejar lugar a dudas, que sólo los jueces de la República, el Fiscal General, el Procurador General y el Director de la Policía Nacional pueden publicar los datos y estadísticas sobre homicidios y desapariciones en el país.

Información oficiosa

Tal y como está redactado, el proyecto de reformas a Ley Orgánica Judicial contradice la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), puesto que esta última obliga al Instituto de Medicina Legal a publicar datos y estadísticas que genera su labor pericial.

Según la LAIP, “Información oficiosa: es aquella información pública que los entes obligados deberán difundir al público en virtud de esta ley sin necesidad de solicitud directa”.

Y el artículo 13, en los incisos i y j, especifica cuál es la información oficiosa que le corresponde divulgar, obligadamente, al Órgano Judicial: “Estadísticas de la gestión judicial, y las generadas por el Instituto de Medicina Legal”, y “Casos relevantes que por su interés público debieran conocer los ciudadanos”.

Cuando el director de Medicina Legal, Fortín Magaña, asegura que dar conferencias para hacer públicos los datos sobre homicidios en El Salvador “no es algo que me guste hacer, pero es mi deber, y lo que es el deber de cada quien lo debe hacer”, sólo confirma lo que la Ley Orgánica Judicial vigente lo obliga a hacer.

Máxima publicidad

Si hubiese alguna duda sobre el valor de difundir los datos y estadísticas que genera el trabajo del IML, el artículo 5 de la LAIP establece que en estos casos debe prevalecer siempre el “Criterio de Máxima Publicidad”.

Este principio, definido en el artículo 4, implica que “salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley”, toda “la información en poder de los entes obligados es pública y su difusión [debe ser] irrestricta”.

A este principio se suman otros, complementarios, que rigen la información pública y que, en el caso de los datos y estadísticas del IML, son todos aplicables puesto que se trata de información que debe difundirse de oficio.

El principio de disponibilidad establece que la información debe estar al alcance de cada ciudadano. El de prontitud obliga a que la información sea publicada sin retrasos. El de integridad garantiza que la información sea completa, fidedigna y veraz. El principio de igualdad dice que el acceso debe ser sin discriminación.

El proceso para acceder a la información debe diseñarse con sencillez; esto significa que la burocracia no puede ni retrasar ni bloquear con procedimientos complicados la entrega de información pública. La gratuidad implica que acceder a la información no debe significar un costo para el ciudadano.

Y por último, la rendición de cuentas, de lo cual se entiende que publicar la información es obligatorio como un mecanismo de transparencia que sirve para verificar la eficiencia financiera y la eficacia en el desempeño de la institución pública.

El cuadro adjunto describe las modificaciones propuestas en cinco áreas: incluyendo la eliminación del escalafón de los empleados y cambios a la estructura del IML.

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Caricatura de “Alecus”. Este artículo se publicó por primera vez en El Diario de Hoy, el martes 6 de agosto de 2013.